La FP que necesitamos: ideas para un sistema a la altura del momento
A lo largo de esta temporada hemos abordado, desde ángulos muy diversos, una pregunta que recorre todos los artículos que hemos publicado: ¿Qué sistema de Formación Profesional necesita Cataluña para afrontar los retos del presente y del futuro inmediato? No hemos pretendido ser exhaustivos ni construir un programa. Hemos intentado, en cambio, contribuir al debate desde una perspectiva lo más rigurosa posible, con la intención de arrojar luz allí donde, con frecuencia, la discusión pública sobre la FP se queda en la superficie o se entretiene en cuestiones secundarias.
Cerramos la temporada recogiendo, en forma de artículo de síntesis, los hilos que han recorrido nuestros textos. Creemos que todos ellos apuntan en una misma dirección: la FP es una pieza fundamental para el futuro de las personas y del país.
La FP es una cuestión política de primer orden
El primero y más transversal de los hilos conductores es este: la FP no es solo ni principalmente una cuestión técnica o administrativa. Es una cuestión política. Sin una implicación clara y decidida de los poderes públicos, las dificultades para consolidar un sistema de FP sólido y sostenible serán muy grandes.
No lo decimos en abstracto. Lo decimos en un momento en el que fondos de inversión han irrumpido con fuerza en el mercado de la FP privada —especialmente en la modalidad online— y en el que los debates sobre la reducción del gasto público amenazan la capacidad de la oferta pública para liderar el crecimiento del sistema. En este contexto, la pregunta de fondo es clara: ¿la FP es una estructura de país o es simplemente un servicio que puede encomendarse al mercado?
Nuestra respuesta es inequívoca: es una estructura de país, porque las empresas la necesitan y porque muchas personas pueden aprovechar las oportunidades laborales que abrirán las necesidades del tejido productivo.
Una oferta dependiente de los vaivenes del mercado y excesivamente sesgada hacia las tendencias de la demanda formativa no puede responder adecuadamente a la demanda de empleo, que es la que realmente orienta un sistema útil para el país. Sostener y ampliar la oferta pública y garantizar que lidere la formación en los sectores económicos más innovadores constituye una prioridad política. El marco legal —la Ley de 2022— lo hace posible. Pero un buen marco legal sin impulso político ni realizaciones concretas tiende a convertirse en una pieza de hemeroteca.
Los centros, el corazón del sistema
Si la FP es una estructura de país, su corazón es la red de centros. El debate sobre la FP gira con demasiada frecuencia en torno a la gobernanza —qué instituciones deben participar, cómo se articulan las competencias— y demasiado poco alrededor de una pregunta mucho más determinante: ¿cómo fortalecemos los espacios donde las cosas realmente suceden?
Los centros de FP —con su profesorado, personal de gestión, equipos directivos, instalaciones y dinámicas de aprendizaje— son el lugar donde se concreta todo aquello que administraciones e instituciones han promovido e impulsado. Todo lo que sucede fuera —leyes, pactos, estructuras de gobierno— tiene poco sentido si no repercute positivamente en lo que ocurre dentro.
Los centros necesitan dos cosas concretas. La primera es inversión: en edificios, en maquinaria actualizada y en material didáctico a la altura de unos sectores productivos que no dejan de transformarse. La segunda es un marco jurídico renovado, pensado específicamente para la realidad de un centro de FP, muy distinta de la de un instituto de ESO o Bachillerato. La relación estructural con el tejido empresarial, la gestión de las prácticas, el impulso de la formación dual y la conexión con las necesidades del mercado laboral requieren herramientas normativas que el marco actual sencillamente no ofrece.
Lo constatamos cuando visitamos centros como la Escuela del Trabajo de Barcelona, la Escuela del Trabajo de Lleida, el Instituto de Vic o el novísimo Instituto de Gastronomía de Barcelona: centros que ya destacan por su excelencia, pero que con demasiada frecuencia lo hacen gracias al esfuerzo extraordinario de sus equipos directivos y de sus claustros. Necesitamos un sistema que haga posible la excelencia de forma estructural, sostenible y replicable, y no dependiente de la buena voluntad de cada equipo.
Referentes que inspiran: los centros que hemos visitado
Una parte importante de nuestro trabajo esta temporada ha consistido en explicar experiencias de centros concretos que demuestran que la excelencia es posible. Las visitas que hemos realizado y publicado nos han dejado una impresión clara: la FP catalana cuenta con profesionales excelentes que, en condiciones adversas y con recursos a menudo insuficientes, construyen referentes admirables.
La Escola del Treball de Lleida, que pronto celebrará su centenario, es un ejemplo de cómo una reorganización interna —implicar a una cuarta parte del claustro en tareas de gestión— puede convertirse en la condición necesaria para multiplicar proyectos. Con un 61,5 % del alumnado de grado superior en modalidad dual intensiva, demuestra que el modelo dual no es una promesa, sino una realidad alcanzable.
El Institut de Vic, que este curso recupera su identidad exclusivamente vinculada a la FP —treinta años después—, confirma que concentrar energías en la FP específica produce resultados que la combinación con la ESO y el Bachillerato dificulta. Con un 52 % del alumnado en dual intensiva y 30 socios internacionales repartidos por los cinco continentes, es un centro que mira mucho más allá de los límites de la comarca de Osona.
El Institut de Gastronomia de Barcelona constituye el ejemplo más reciente y sorprendente: 45 días para abrir sus puertas y un premio de la Barcelona Gastronomic Society apenas cuatro meses y medio después. Un acelerador de posibilidades, pero también un espejo de las contradicciones del sistema: la provisión de profesorado, la gestión de compras o la incorporación de expertos externos terminan dependiendo del entusiasmo del equipo directivo en lugar de funcionar de manera estructural.
La Escola del Treball de Barcelona —el mayor centro de FP de Cataluña— ha pasado en la última década de la promesa a la realidad, con un dinamismo que se manifiesta en cuatro líneas de actuación: innovación, equidad de género, orientación e inclusión, y sostenibilidad. El proyecto #EdtWomenDays, que acerca a niñas de primaria a los talleres de la Escuela, es un ejemplo de lo que puede hacer un centro decidido a evitar que las profesiones industriales sigan considerándose “cosa de chicos”.
La conclusión es la misma en todos los casos: el cambio es posible, pero demasiado frágil. Necesita condiciones estructurales, no heroísmo cotidiano.
La gestión del talento docente: una reforma inaplazable
Uno de los ejes que ha aparecido con insistencia en diversos artículos es el de la gestión del profesorado. Cuando el curso pasado estallaron en los medios los errores en la adjudicación de plazas, se habló de los errores. Apenas se habló del hecho de que 57.000 docentes de una plantilla de 83.949 —el 68 %— fueron reasignados para el curso 2025-2026. Ningún criterio de buena gestión organizativa puede aceptar como normal este nivel de incertidumbre en la composición de los equipos humanos.
El problema es especialmente grave en los centros de FP: las materias impartidas requieren perfiles muy específicos que no siempre coinciden con las titulaciones académicas habilitantes; la evolución de las competencias profesionales exige actualización constante; la innovación en metodologías basadas en competencias requiere perfiles docentes muy flexibles; y la formación continua y la certificación profesional necesitan la capacidad de contratar expertos externos con agilidad, una vía que en la práctica encuentra importantes restricciones.
La buena noticia es que el marco legal ya ofrece las herramientas necesarias: la LEC catalana prevé la contratación de especialistas y la provisión de plazas por perfil; la LOIFP ha abierto vías para incorporar talento procedente del sector productivo. El problema no es normativo. Es de implementación y de voluntad política para emprender una reforma que será larga y compleja, pero que ya no puede seguir aplazándose.
El talento está en la FP: hay que reconocerlo y aprovecharlo
Otro hilo persistente ha sido la lucha contra los prejuicios académicos que pesan sobre la FP. El sistema educativo se ha construido sobre la perversión de considerar que el éxito educativo solo se produce cuando el alumno accede a la universidad. Cualquier desviación de esa ruta suele verse como un fracaso y las expectativas sobre el alumnado de FP se sitúan automáticamente por debajo de las de sus homólogos universitarios.
Esta dinámica distorsiona las metodologías y los sistemas de enseñanza, sobrevalora unas competencias frente a otras e impide que las enseñanzas básicas incorporen competencias relacionadas con la tecnología, la habilidad manual o la resolución de problemas prácticos reales. El resultado es una pérdida de talento: no todos los jóvenes que abandonan el sistema lo hacen por falta de capacidades, sino porque un sistema con un fuerte sesgo academicista no reconoce ni desarrolla las competencias que sí poseen.
El Informe Draghi sobre la competitividad europea lo ha expresado con claridad: el problema del abandono escolar prematuro no es solo una cuestión de justicia social, sino también de pérdida de talento. La FP genera competencias que la sociedad actual necesita con urgencia: competencias tecnológicas y digitales, capacidad de organización y planificación, creatividad y resolución práctica de problemas, trabajo en equipo y capacidad de adaptación al cambio. No son competencias de segunda categoría: son precisamente las que el mercado laboral demanda con mayor intensidad. El sistema educativo debe reconocerlas como tales.
Repensar la FP de grado medio
Los ciclos de grado medio forman a los profesionales de ocupaciones que representan aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo del país. Y, sin embargo, el debate sobre ellos ha quedado a menudo atrapado en una dicotomía estéril entre la vía “escolarizadora” y la vía “profesionalizadora”.
La realidad es mucho más compleja. El cambio demográfico, el incremento del nivel educativo de la población, la transformación del mundo productivo, la necesidad de formación continua a lo largo de la vida y la incorporación de población inmigrante configuran un escenario en el que los ciclos de grado medio deben afrontar simultáneamente retos muy heterogéneos: gran diversidad en las aulas, expectativas muy distintas entre el alumnado, presión derivada del coste de oportunidad entre estudiar y trabajar y llegada de personas con niveles educativos insuficientes.
El debate necesario no consiste en regresar a posiciones del pasado, sino en abordar el futuro de los grados medios desde una visión compleja que incorpore conceptos como polivalencia, flexibilidad, personalización de la oferta, itinerarios progresivos, acumulación ágil de competencias y orientación eficaz.
Los PFI y la dicotomía de 4º de ESO: una asignatura pendiente
La pregunta sobre si debe aprobarse al alumnado que llega justo al final de la ESO o encaminarlo hacia un PFI lleva implícita la carga de una doble salida que con demasiada frecuencia se vive como una bifurcación entre un camino y un callejón sin salida.
Nuestra posición es clara: los PFI —y muy especialmente el Plan de Transición al Trabajo (PTT), que este curso celebra su 40.ª edición— no son un callejón sin salida, sino una opción formativa y profesionalizadora de primer nivel.
El problema no es su existencia, sino sus debilidades estructurales: organización inestable, débil encaje en el sistema educativo, dificultades crónicas de financiación, oferta insuficiente y desigual en el territorio, e índices de superación todavía demasiado bajos.
La solución pasa por configurar los PFI como una opción plenamente profesionalizadora, con financiación estable, prácticas en empresa y acompañamiento tutorial como componentes esenciales, y con una articulación eficaz con las administraciones locales. La experiencia de 40 años del PTT demuestra que la colaboración institucional entre la administración educativa y las administraciones locales aporta un valor añadido insustituible: permite combinar recursos, trabajar con los jóvenes de forma transversal y adaptar la oferta a las especificidades de cada territorio.
La acreditación de competencias: un cambio de rasante que no debe detenerse
Uno de los hechos más relevantes de la temporada ha sido el punto de inflexión en el procedimiento de acreditación de competencias profesionales en Cataluña. Un proceso habilitado desde 2002 que, veinte años después, seguía sin despegar, parece haber alcanzado finalmente velocidad de crucero gracias al trabajo de la Agencia FP CAT.
Las cifras hablan por sí solas: las unidades de competencia acreditadas se han cuadruplicado entre 2021 y 2024; la red de puntos de orientación ha pasado de 126 a 336; y 44 convenios con entidades empresariales y profesionales proyectan un crecimiento futuro muy prometedor.
El principal riesgo es el fin de la financiación procedente de los fondos Next Generation. Estabilizar y reforzar el procedimiento de acreditación de competencias es una necesidad que supera ampliamente el esfuerzo presupuestario que requiere. Reconocer lo que las personas saben hacer, independientemente de dónde lo hayan aprendido, constituye un mecanismo de justicia laboral y de mejora de la competitividad del país.
Colaboraciones excelentes
Durante toda la temporada hemos contado con colaboraciones externas que han enriquecido las reflexiones de Opina FP.
En un par de artículos, Xavier Matheu de Cortada combinó precisión y visión global para describir los efectos de la Declaración de Herning 2025 en el impulso de la FP y subrayó la importancia de los Centros de Excelencia Profesional como factor esencial de la estrategia europea de modernización de los sistemas formativos.
Por su parte, Jordi Oliveras reflexionó sobre el salto cualitativo que la tecnología permite dar a la orientación académica y profesional, concluyendo que la inteligencia artificial y el big data hacen posible personalizar la información, universalizar el acceso a los servicios de orientación y liberar a los profesionales de tareas administrativas para que puedan dedicarse a funciones de alto valor añadido.
Txema Guillén i Pujol analizó las dificultades del alumnado extranjero sin autorización de residencia para acceder a la formación en la empresa. Planteaba dos vías de solución: permitir su inscripción en la Seguridad Social para la modalidad dual en régimen general —que no implica relación laboral— y, a medio plazo, vincular la acreditación de competencias de personas procedentes de terceros países con la obtención del permiso de trabajo, anticipando los flujos migratorios en un contexto de envejecimiento demográfico y déficit de trabajadores cualificados en la Unión Europea.
Finalmente, también hemos apoyado —con la modestia de nuestros medios— tres iniciativas del CEDEFOP que nos han parecido especialmente actuales e importantes: la propuesta de un Marco de Referencia de la UE para la orientación a lo largo de la vida; una investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial titulada Cuatro escenarios sobre la incidencia de la IA en el desarrollo continuo de competencias; y un estudio sobre el desarrollo de competencias y trayectorias de empleo para adultos con bajos niveles de cualificación.
Inmigración y FP: un pequeño adelanto de la próxima temporada
A mediados de junio realizamos una primera incursión en el tema de la crisis demográfica global mediante la publicación del artículo «Inmigración y FP: una política de integración productiva». Constatábamos cómo Cataluña recibe inmigrantes a un ritmo sin paralelo en la Unión Europea, con impacto directo sobre la vivienda, la enseñanza, el sistema sanitario y la cohesión social.
Aunque la política migratoria es competencia exclusiva del Estado, Cataluña sí puede actuar en la integración productiva de los recién llegados a través de la Formación Profesional y, especialmente, de la Dual Intensiva.
Esta modalidad resulta particularmente adecuada para personas inmigrantes que a menudo ya dominan una técnica, pero necesitan demostrarla en un entorno laboral catalán. Para que funcione, es necesario eliminar cuatro obstáculos: la rigidez del modelo de certificación, la exigencia de la lengua como requisito previo en lugar de aprenderla paralelamente a la formación técnica, los horarios incompatibles con la jornada laboral y la lentitud de los procedimientos de acreditación de competencias.
Transformar el sistema formativo para integrar a quienes ya están aquí es posible, depende de decisiones catalanas y puede producir efectos visibles en un horizonte de cinco a diez años.
En resumen: la FP como palanca de futuro
Todo lo que hemos publicado esta temporada parte de una misma convicción de fondo: la Formación Profesional es una palanca fundamental para construir un país más próspero, más justo y más cohesionado. No lo es automáticamente, sino como resultado de decisiones políticas y de la dedicación y el talento de las personas que trabajan en el sistema.
Para ejercer esta función, la FP necesita centros fuertes, con recursos y autonomía; un profesorado estable y bien gestionado; una estructura normativa actualizada y adecuada a su singularidad; políticas activas de reconocimiento del talento y de lucha contra los prejuicios académicos; mecanismos eficaces de acreditación de competencias; un sistema de orientación profesional universal y personalizado; programas sólidos de segunda oportunidad para los jóvenes que el sistema ha dejado atrás; inclusión real de todos los colectivos en la formación en empresa; y una apuesta decidida del sector público por liderar el crecimiento del sistema.
Ninguna de estas condiciones se da por sí sola. Todas requieren voluntad política, recursos y tiempo. A pesar de todas las turbulencias, en el ámbito de la FP todas ellas se encuentran hoy al alcance. Lo que hace falta es decidir si la FP es una estructura de país. Nuestra respuesta es que sí. Y actuar en consecuencia.
Francesc Colomé, Xavier Farriols, Josep Francí y Oriol Homs