Entender el momento y actuar
Vivimos tiempos y entornos tempestuosos. Es difícil comprenderlos en toda su extensión y profundidad, tanto por la complejidad de la cuestión en sí misma como por los grandes intereses existentes para alejar esta toma de conciencia. Todo parece indicar que estamos entrando en un contexto de debilitamiento de las instituciones internacionales, de pérdida de derechos de ciudadanía y de riesgos evidentes para la democracia.
Estamos pasando de una sociedad de ciudadanos a una sociedad de clientes, en la que cualquier servicio se rige por la obtención de un beneficio económico rápido. Se insiste en que las instituciones, a las que van accediendo las extremas derechas, hagan prevalecer el modelo de la sociedad de mercado por delante y por encima de la defensa de los derechos sociales. Corresponde, pues, esforzarse por interpretar correctamente los hechos y fenómenos que nos rodean y por pensar alternativas y acciones colectivas para hacerles frente.
En un entorno que tiende a deteriorar la calidad de los servicios públicos —y, a veces, incluso la simple prestación de estos servicios— las amenazas para los sistemas de Formación Profesional (FP) son muy claras. No exageramos demasiado si afirmamos que la disponibilidad de una FP potente para personas y empresas se encuentra en una encrucijada y que, por esta razón, se ha convertido en una cuestión claramente política. Sin una implicación clara y decidida de los poderes públicos, las dificultades para consolidar un sistema de FP sólido y sostenible serán grandes.
¿Existe algún indicio de estos riesgos? En efecto, hay un hecho que marca un punto de inflexión: la entrada significativa de fondos de inversión en la oferta privada de FP, particularmente en su modalidad online. Ya hicimos referencia a ello hace semanas: ttps://www.opinafp.com/creixement-de-lfp-publica-vs-privada/. Argumentábamos que, al calor del buen momento de la FP —muy evidente en un notable incremento de la demanda de formación[i]—, diversos fondos de inversión habían irrumpido en el mercado de la formación con una política de adquisición de centros consolidados y abriéndose camino especialmente en la oferta de FP online. Se trata de una entrada importante de capital y, si el gasto público —y con él la oferta de FP— entrara en un escenario de severas restricciones, podría llegar a tener alguna posibilidad de liderar el crecimiento de la FP.
¿Por qué consideramos que esta entrada de fondos de inversión marca un cambio de tendencia hacia una vía tan perjudicial? A un fondo de inversión solo le importa la obtención de un determinado margen, acordado para los años que sean. Por tanto, hará lo que sea necesario para obtenerlo y, en este sentido, la opción más sensata es obedecer ciegamente la demanda de formación en detrimento de la demanda de empleo[ii] y priorizar de forma obscena las zonas urbanas en detrimento de la equidad territorial.
Dejando provisionalmente de lado el hecho de que los centros privados de estas características deben cobrar cuotas que excluyen a una parte del alumnado potencial, es difícilmente cuestionable que una oferta estrechamente vinculada a las preferencias de la demanda de formación tiende a menospreciar o incluso a olvidar las necesidades de incorporación de profesionales —o de actualización de las competencias de su personal— por parte de las empresas. Para ser útil al desarrollo del país, la FP debe responder claramente a la demanda de empleo —orientada por una prospectiva general de país consensuada en las instancias públicas creadas a tal efecto, como por ejemplo la Agencia FP CAT— y debe garantizar la estabilidad del sistema. Con una oferta dependiente de los vaivenes del mercado y muy sesgada hacia las tendencias de la demanda de formación, esto no es posible.
Es necesario, pues, acentuar esta subordinación a la demanda de empleo y remarcar la necesidad de estabilidad del sistema. Esto implica un incremento notable de la oferta pública —la que mejor puede superar los vaivenes del mercado— y un liderazgo del sector público que debe culminar con la máxima diligencia los cambios ya previstos en la Ley de Ordenación e Integración de la FP de 2022 y su desarrollo normativo.
La irrupción de los fondos de inversión en la oferta de FP, sumada a los retos económicos y sociales —tecnológicos, ecológicos, demográficos…— a cuya superación tantas veces se ha dicho, con razón, que la FP debe contribuir, reclaman directamente un cambio radical en el debate público y político sobre la FP. Estas son las cuestiones que deben debatirse, y debe hacerse con urgencia.
Los términos de lo que se discute en relación con la FP no han evolucionado mucho en lo que llevamos de siglo. Son debates muy endogámicos y recluidos en ámbitos muy minoritarios que acaban teniendo poca trascendencia pública. En un momento como el actual, no solo necesitamos que el debate sobre la FP gane mucha más visibilidad, sino que abandone definitivamente la letra pequeña, la falta de ambición, la discusión para entendidos, para técnicos, y que se convierta en un debate eminentemente político. Una FP fragmentada, sin una articulación clara y regida por los vaivenes del mercado, sería una desgracia para las personas y las empresas. Pero es perfectamente posible.
En un contexto internacional en el que la reducción de derechos y servicios públicos ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una dura realidad, será necesario forzar la agenda política si queremos avanzar realmente hacia un sistema articulado de FP. La ley vigente —la de 2022— lo hace posible. Pero un buen marco legal sin impulso político ni realizaciones concretas tiende a convertirse en una pieza de hemeroteca. Ahora disponemos de todos los instrumentos y de todas las oportunidades para actuar y evitar lamentarnos en el futuro (a la inutilidad del lamento se añadiría la rabia por no haber actuado a tiempo).
Afortunadamente, existen movimientos que ya permiten anticipar una inercia favorable a la consolidación de la FP como sistema: intensificar, más de lo que ya se hace, el crecimiento de la oferta pública y garantizar que esta lidere la oferta en los sectores económicos más innovadores; asegurar los cambios en la gestión de la oferta pública para que pueda ejercer este liderazgo con garantías; favorecer un clima de concertación —manteniendo las proporciones actuales entre la oferta concertada y la pública— con centros de titularidad privada dispuestos a apostar claramente por responder a la demanda de empleo; reforzar la oferta pública de FP online… y algunas acciones más que se inscriban en la línea de consolidar para el país un sistema de FP digno de tal nombre.
Estamos en el momento de decidir si la FP se considera una estructura de país o si es simplemente un servicio que puede encomendarse al mercado. Consideramos que debe entenderse como una estructura de país y actuar en consecuencia. Hemos reiterado muchas veces nuestra opinión: debe considerarse una estructura de país, porque las empresas la necesitan y porque muchas personas pueden aprovechar las oportunidades laborales que estas necesidades abrirán. En función de esta convicción deben construirse las políticas necesarias. Todo esto es lo que vale la pena discutir. Lo demás es ir dejando pasar el tiempo, sin saber muy bien para qué.
Josep Francí, Francesc Colomé, Xavier Farriols y Oriol Homs.
[i] Llamaremos demanda de formación a la demanda de las personas por cursar ciclos de FP.
[ii] Por demanda de empleo entenderemos la demanda de profesionales por parte de las empresas.