Acreditación de competencias: cambio de rasante

Finalmente, muy tarde pero a tiempo, todo parece indicar que la acreditación de competencias profesionales ha conseguido arrancar en Cataluña. Muy tarde, porque este era un proceso habilitado desde 2002 que, veinte años después, seguía en pañales. A tiempo, porque, a pesar del retraso, se ha logrado construir un dispositivo con gran potencial para contribuir de forma destacada a los procesos de mejora de la cualificación profesional de la población activa en Cataluña. El punto de inflexión ha tardado, pero el trabajo realizado por la Agencia FP CAT en el último año permite afirmar que se ha producido.

¿Por qué pensamos que el cambio de rumbo es muy positivo? Si se ha tardado tanto, ¿no podríamos prescindir de él? Obviamente, nada ni nadie es imprescindible. Pero haber habilitado un dispositivo que permita a las personas acreditar aquellas competencias adquiridas fuera de los circuitos formales de aprendizaje es una medida que permite ganar en productividad y transparencia —y mayor eficiencia— del mercado de trabajo. Las acreditaciones obtenidas mediante estructuras y procedimientos adecuados hacen posible que tengan validez en el acceso al empleo, completar posteriormente la formación y ganarse el derecho a disponer de un título o certificación valorada en el mercado de trabajo.

Los cambios y las transiciones en curso —sobre todo, la tecnológica y la demográfica— sacuden el mercado de trabajo y hacen evolucionar más rápidamente las profesiones y las competencias necesarias para ejercerlas, obligando a los sistemas de formación a adaptarse de diversas maneras, entre las que destaca la constitución de dispositivos que permitan evaluar y acreditar las competencias que las personas desarrollan trabajando y que pueden no estar reconocidas por una titulación o certificación con validez laboral y académica.

La ingente diversidad de causas que determinan necesidades de certificación de competencias —desde el predominio de la economía informal hasta las evoluciones tardías de los sistemas de formación y cualificación profesional de los países— configura a nivel mundial los dispositivos de acreditación de competencias como vías de acceso a trabajo cualificado, de transparencia del mercado laboral y de acceso a trabajadores cualificados por parte de las empresas.

No ayuda mucho lo que parece una falta de comprensión de la importancia de la educación y de la cualificación profesional para el futuro del país. Parece que las certificaciones y la educación en general solo las contemplamos como ascensor social y perdemos de vista su contribución decisiva a la cohesión social y al desarrollo económico. Por eso nunca acabamos de creernos que hay que invertir más en educación o, en el caso que nos ocupa, en sistemas de acreditación de las competencias adquiridas en la experiencia laboral y, en síntesis, fuera de la educación formal.

Pero gracias a los pasos decisivos dados en la acreditación de competencias en el último año en Cataluña, podemos analizar todos estos fenómenos con un grado más elevado de serenidad. Veamos los hitos alcanzados en algunos de los datos aportados por la Presidencia Ejecutiva a la Comisión Rectora de la Agencia FP CAT en sesión celebrada el 25 de julio y publicados en su página web (donde se puede consultar la información completa).

Así, por ejemplo, se ha ganado en capacidad de impacto en el territorio: los 126 puntos de información y orientación del servicio de acreditación de competencias que había en febrero de 2022 han crecido hasta los 336 actuales. En cuanto a Unidades de Competencia asesoradas, evaluadas y acreditadas, en 2021 eran 13.516, 11.360 y 10.511, respectivamente, que correspondían a 2.105 Cualificaciones Profesionales (QP) completas. En 2024, estos mismos parámetros se habían cuadruplicado con creces: 56.269, 49.671 y 46.201, para un total de 8.882 Cualificaciones Profesionales.

Si aterrizamos en los datos del último año, veremos que hay un total de 27.129 solicitudes recibidas de marzo de 2024 a julio de 2025, de las cuales 15.689 se están gestionando y el resto están en espera. Y si nos fijamos en el número de solicitudes de inscripciones al servicio de febrero de 2022 a julio de 2025, encontramos un total de 53.130 que corresponden a 32.132 personas solicitantes. Cifras aún modestas pero suficientes para marcar el inicio de un servicio estable que, gracias a la posibilidad de realizar todo el proceso en formato telemático y también a la estrategia de establecimiento de convenios de colaboración entre la Agencia FP CAT y entidades estrechamente vinculadas a colectivos profesionales y empresariales —gremios, asociaciones, fundaciones, federaciones, etc.—, tiene todo el potencial para crecer al nivel que la competitividad de la economía exige.

Examinemos brevemente la realidad y la posible proyección de estos convenios. Actualmente, hay 44 firmados. La previsión, imaginamos, es poder seguir firmando más. Por ahora, los resultados previstos en términos de inscripciones alcanzan cerca de 4.000 (3.725, concretamente). Son cifras prometedoras, no solo por su magnitud actual sino, sobre todo, por el potencial de canalización y estímulo de nuevas solicitudes que estos convenios aportan de cara al futuro. Y una virtud más: contar con la colaboración de todas estas entidades del ámbito empresarial y profesional es el mejor argumento para inclinar la voluntad de participación de las empresas en el procedimiento de acreditación de competencias. Ver los beneficios que aportará a las empresas debe tener un efecto llamada muy consistente.

Este cambio de rasante es, sin duda, una magnífica noticia. Desde Opina FP lo habíamos reclamado explícitamente en dos artículos publicados en esta web —uno, hace casi dos años, https://www.opinafp.com/acreditacio-de-competencies-una-gran-oportunitat/, el otro en mayo de 2024, https://www.opinafp.com/els-aprenentatges-en-leconomia-informal/. Y la cuestión ha aparecido con regularidad en otras reflexiones también publicadas.

¿Se ha avanzado mucho? ¡Categóricamente, sí! ¿Podemos decir que hemos llegado a donde debemos? No, ni mucho menos. Se ha conseguido desbloquear un procedimiento reclamado desde hace mucho tiempo y se han puesto las bases para un dispositivo solvente que pueda dar servicio en los próximos años. Pero para alcanzar esta solvencia es necesario no aflojar el impulso conseguido y superar algunos nubarrones presupuestarios como puede ser el final de la financiación a través de los fondos del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), popularmente conocidos como fondos Next Generation. No es una cuestión menor, ciertamente, pero la necesidad de estabilizar y potenciar el procedimiento de acreditación de competencias sobrepasa con creces el esfuerzo de su encaje en el presupuesto de la Generalitat. Será necesario que todas las instituciones, agentes y entidades implicadas remen en la misma dirección.

Josep Francí, Francesc Colomé, Xavier Farriols y Oriol Homs