Crecimiento de la FP: ¿pública o privada?

El debate sobre la titularidad de los centros es y será una constante en la evolución de la red que conforman. Lamentablemente, la discusión suele basarse en posturas ideológicas preconcebidas que, al menos hasta ahora, no han conseguido acercarse de manera equilibrada. Sin embargo, existe un concepto que una amplia mayoría de ambas posiciones enfrentadas comparte: al tratarse la educación de un derecho universal y un servicio de carácter estratégico, corresponde a la Administración pública garantizar su provisión.

Planteado fuera de un contexto concreto, este es un debate eminentemente filosófico. No lo decimos en el sentido lamentablemente peyorativo con el que se suele usar la expresión, que equivaldría a decir que se trata de un debate abstracto sin conclusiones útiles. Muy al contrario, lo decimos porque es una discusión que puede abordarse con las herramientas de la Filosofía: la lógica, el razonamiento, la ética. Un ejercicio muy interesante que se ha planteado en múltiples ocasiones, aunque demasiado a menudo sin el rigor necesario y, aún más frecuentemente, con un eco social limitado.

En el caso de la Formación Profesional (FP), el hecho de tratarse de un servicio estratégico refuerza su consideración como derecho universal. A pesar de no estar reconocida expresamente como tal en nuestras leyes (aún no es educación obligatoria), cobra cada día más fuerza la idea —defendida repetidamente desde esta publicación— de que ningún ciudadano debería incorporarse al mercado laboral sin una preparación profesional, sea cual sea su nivel. Esto exige, por tanto, no solo garantizar el acceso a quienes lo soliciten, sino también asegurar la formación de determinados perfiles profesionales y facilitar el acceso a una oferta formativa de calidad para la población que lo necesite.

¿Es necesario plantear esta reflexión ahora? Si lo estamos haciendo es porque, efectivamente, creemos que este es el momento oportuno. Los datos de los últimos años no dejan lugar a dudas sobre el crecimiento de la FP, pero tampoco ocultan indicios de un crecimiento desordenado y la irrupción de fenómenos hasta ahora inéditos, como la entrada en escena de fondos de inversión. Planteamos, pues, el debate en un contexto muy específico: el del crecimiento de la FP, que experimenta un aumento indiscutible del número de alumnos y también mejora su percepción social. Tan evidente como esto es que aún debe crecer mucho más.

Desde hace décadas existe un amplio consenso sobre la anomalía de la estructura de cualificaciones del país: un exceso evidente de personas sin cualificación, un gran déficit de cualificaciones medias y, en cuanto a titulaciones superiores, cifras suficientes y, en todo caso, comparables a las de otros países europeos con estructuras más equilibradas. Es el momento de aprovechar la ola actual para realizar un cambio tantas veces reclamado. La tendencia debería ser sustituir a toda la población activa sin cualificación (que se irá, y de hecho ya se está, jubilando) por personas con cualificaciones medias. Teniendo en cuenta que la FP de grado superior es jurídicamente educación superior, esto significa sobre todo el crecimiento de la FP de grado medio en detrimento de los colectivos sin cualificación, lo cual implica mantener y reforzar el carácter profesionalizador de esta etapa, que debe permitir la inserción laboral de muchas más personas.

El “buen momento” de la FP es innegable. Lo demuestran las cifras y lo demuestra también la entrada gradual de fondos de inversión en el capital de centros privados. Si los fondos de inversión —conocidos por reflejar la cautela que se suele atribuir al dinero— han llegado, es porque el aumento de la demanda de empleo y el incremento, mucho más claro, de la demanda de formación auguran buenas perspectivas de negocio. Un artículo de Diario 16 de octubre de 2024 señalaba cómo fondos como KRK, Crescendo, Edutech Investment Holding y otros han irrumpido en el mercado formativo con una política agresiva de adquisición de centros consolidados —Master D y Medac, entre otros— y con una presencia destacada en la oferta de FP en línea. Es una entrada importante de capital y, si la oferta pública se estanca, podría llegar a liderar el crecimiento de la FP.

Desde el punto de vista tanto de la estrategia para la competitividad como de la cohesión social, no se puede dejar el liderazgo de la oferta de Formación Profesional únicamente en manos de la iniciativa privada. Básicamente, por dos motivos:

• Para su supervivencia —y más que eso, para generar beneficios, ya que se trata de una inversión y una actividad privada— los centros privados deben cobrar cuotas que, de entrada, excluyen a una parte importante del alumnado potencial, con la consiguiente pérdida de talento, es decir, de personas que podrían desarrollar su talento y aportar valor a la sociedad. Y si estas cuotas son lo suficientemente bajas para no ser un obstáculo, la calidad de la formación ofrecida se resentirá notablemente. Se podría pensar que algunas empresas estarían dispuestas a cubrir los costes de formación de personas que después incorporarían a su plantilla. Si lo juzgamos por los actuales indicios del compromiso empresarial con la FP dual, este escenario no contaría con un porcentaje suficientemente significativo —a efectos del sistema— de empresas colaboradoras.

• Para ser útil al desarrollo económico del país —y por tanto a las empresas, protagonistas de la demanda de empleo— el crecimiento debe responder a criterios estratégicos definidos a partir de una prospectiva general de país, asegurando la consolidación y estabilidad del sistema. Con una oferta sujeta a los vaivenes del mercado, esto no es posible. Del mismo modo que ahora llegan inversiones y fondos, una hipotética bajada en la rentabilidad causará su retirada. En tal caso, las empresas se quedarían sin proveedor.

A la empresa, en definitiva, le interesa que sea la red pública de centros la que lidere el crecimiento de la FP, porque necesita un proveedor estable que permita un dispositivo amplio de captación de talento no condicionado por el poder adquisitivo de los candidatos, tal como pedía, con acierto en nuestra opinión, el Informe Draghi. Si buscáramos un «clickbait», diríamos sin dudarlo: a la privada le interesa la pública.

Sabemos por experiencia en nuestro país que la capacidad de adaptación de la iniciativa privada es mucho mayor que la de la pública. Los mecanismos de gestión y transformación de la red pública suelen ser lentos y complicados, y por ello la dificultad para alcanzar este liderazgo puede ser aún mayor, y la tentación de dejarlo únicamente en manos de la iniciativa privada, una alternativa posible: delegar la formación de sectores estratégicos emergentes a la iniciativa privada y reservar la oferta que podríamos llamar de “escolarización profesional” a la iniciativa pública.

Una solución que podría plantearse es la opción de sostener con fondos públicos una parte de esta oferta privada estratégica, tal y como ya sucede con un sector de la oferta educativa en general y una parte de la FP. Una posibilidad que, planteada fuera de contexto, tiene solo un inconveniente, pero de peso: dejar fuera del control directo de la autoridad pública las decisiones estratégicas respecto a la Formación. Esta concertación, en el actual contexto de crecimiento, es necesaria siempre que se mantenga la proporción actual entre oferta concertada y pública y que esta última lidere la oferta en los sectores más innovadores. Se trataría, en suma, de mantener una alianza —tácita, de facto, poco explicitada— que ha funcionado en los momentos de mayor crecimiento de la FP y que, por tanto, constituye una fórmula contrastada para dar respuesta a un escenario de necesario incremento de la oferta.

Evidentemente, si la FP pública ha de ser la gran protagonista de la actual ola de crecimiento, también debe cambiar algunas cosas; también tiene tareas pendientes. La primera: establecer las bases para una progresión estratégica de la FP en Cataluña, basada en un análisis prospectivo que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento e innovación y que sea compartido por el tejido económico y social del país, para alinear todas las iniciativas de crecimiento.

El segundo cambio: intensificar el ritmo de crecimiento de la oferta. Ya se están dando pasos destacables en este sentido, pero el ritmo actual no será suficiente. En el caso de Cataluña, será necesario también reforzar la oferta de FP y la actividad del Institut Obert de Catalunya, que tiene capacidad para liderar el crecimiento de la FP en línea y puede hacerlo en beneficio de muchas personas que, en situaciones diversas y por múltiples causas, desean acceder a una titulación profesional que no pudieron conseguir en su momento y que les sería útil para su carrera profesional.

El tercer cambio: los criterios y facilidades para la gestión de los centros. Los actuales están demasiado influidos por criterios que pueden ser adecuados para otras etapas educativas, pero no lo son para la FP. No insistiremos para no ser pesados, ya que lo hemos manifestado reiteradamente desde Opina FP. Solo añadimos un apunte: oponerse a estos cambios no es defender la FP pública, es exactamente lo contrario.

En síntesis, hay que decidir si la FP se considera una estructura de país o simplemente un servicio que puede delegarse al mercado. Desde nuestro punto de vista —y afortunadamente, creemos que también desde el de muchísima más gente— hay que considerarla una estructura de país, porque las empresas la necesitan y porque muchas personas pueden beneficiarse de las oportunidades laborales que estas necesidades abrirán. No podemos proclamar hasta la afonía que el volumen de titulados de nivel medio debe crecer para equipararnos a otros países europeos de referencia y, acto seguido, dejar el crecimiento de la FP en manos del mercado. Si es una necesidad de país, lo es en todos los sentidos.

Josep Francí, Francesc Colomé, Xavier Farriols y Oriol Homs